Alianza por el Clima recuerda la importancia de un debate transparente, inclusivo y equilibrado sobre la Ley de Cambio Climático
Alianza por el Clima considera que las jornadas de debate en torno a la futura ley de cambio climático y transición energética convocadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para los días 25 y 26 de mayo son insuficientes en cuanto a la temática, escasas en cuanto al tiempo disponible para el debate y desequilibradas en cuanto a la composición de los participantes.
Para mejorar los próximos pasos del proceso, Alianza por el Clima propone una serie de aspectos que deben ser tenidos en cuenta, y recuerda que en Enero de 2017 trasladó al Ministerio una propuesta concreta de consideración de estos aspectos para el debate.
Aspectos generales: El Ministerio de Medio Ambiente ha optado por cinco sesiones con cinco únicos temas sectoriales para el debate (agricultura y bosques, ciudades, transporte, energía e industria y adaptación), dejando fuera la consideración de aspectos genéricos tan importantes como los objetivos de reducción de emisiones, es decir la ambición, así como los indicadores, revisión y seguimiento de los mismos, los instrumentos generales para la mitigación (presupuestos de carbono y sistemas de compensación de emisiones, papel del comercio de derechos de emisión, fiscalidad y financiación). Tampoco la estructura planteada deja cabida para los aspectos socioeconómicos transversales y transición justa, la arquitectura institucional y la planificación de las acciones, los instrumentos de participación ciudadana o la justicia climática internacional.
Tiempo asignado. Alianza por el Clima considera insuficiente el escaso tiempo disponible para el debate. Cada sesión tiene dos horas divididas en un primer espacio para que 5 ponentes den su punto de vista y después 45 minutos para que los 70 asistentes divididos en 7 mesas redondas o grupos de trabajo (cada uno conformado separadamente por Empresas, administración del Estado, CC AA, academia (universidad), partidos políticos, ONG y sindicatos, y sector financiero y juristas). Es decir que cada participante dispone de solo unos 4 minutos para abordar todos los aspectos relacionados con propuestas y consideraciones para cada uno de los cinco temas.
Equilibrio e inclusión: La presencia en el debate de organizaciones ambientales, vecinales, sindicales, de consumidores, agrarias y sociales se reduce a una de las 7 mesas, mientras que el sector empresarial tiene presencia en una mesa específica y en la mesa de sector financiero y juristas (que son fundamentalmente despachos de abogados que trabajan para empresas). Por otra parte, de los 25 del total de ponentes de los plenarios de todas las sesiones sólo 2 pertenecen a organizaciones sociales y sindicales. Además, este tipo de estructura en mesas segregadas no propicia el debate entre diferentes sectores sociales, económicos e institucionales, sino sólo entre cada uno de ellos.
Transparencia: El proceso de selección de ponentes y participantes no responde a criterios transparentes, y la convocatoria de las jornadas ha sido realizada de forma precipitada y sin programa específico donde se detallen las ponentes, ni hoja de ruta clara de los siguientes pasos.
Órganos de participación: El Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad el 23 de noviembre de 2016 una proposición instando al Gobierno a elaborar una ley de cambio climático y transición energética. En otros países las normativas de cambio climático han sido aprobadas después de procesos de participación social muy amplios e inclusivos. Ha sido el caso, entre otros, de Dinamarca, Gran Bretaña y, sobre todo de Francia (proceso Grenelle que movilizó durante más de dos años a toda la sociedad francesa). En España este debate ni siquiera se ha planteado en los órganos de participación que están creados para ello: el Consejo Nacional del Clima y el Consejo Asesor de Medio Ambiente, además de otros de gran relevancia, por ejemplo, el Consejo Económico y Social o el Consejo de Cooperación al Desarrollo.
Alianza por el Clima espera que antes de que el Gobierno presente el anteproyecto de ley (previsiblemente a final de este año) se organicen nuevos espacios de debate en torno a los contenidos de la misma con una hoja de ruta acordada en los que se superen estas deficiencias y en los que se aborde también el Plan Nacional de Energía y Clima que el Gobierno tiene que presentar a Bruselas a principios de 2018 para cumplir con el nuevo marco normativo europeo y del que no se conoce prácticamente nada sobre su proceso de elaboración. Es importante que el gobierno deje claro qué función tendrán los procesos de participación en la elaboración de los textos formales de la ley y el plan nacional y que se publiquen las actas y el calendario de trabajo del grupo de trabajo interministerial que ya lleva varios meses trabajando en ambos temas.
Desde Alianza por el Clima se ha hecho el esfuerzo de consensuar entre organizaciones sociales diversas sus propuestas de contenidos para la ley de cambio climático y transición energética, tanto en lo referente a mitigación como en adaptación. Dichas propuestas han sido presentadas al Gobierno y a los Grupos Parlamentarios, y esperamos sean tenidas en cuenta en la elaboración del anteproyecto.
Para mejorar los próximos pasos del proceso, Alianza por el Clima propone una serie de aspectos que deben ser tenidos en cuenta, y recuerda que en Enero de 2017 trasladó al Ministerio una propuesta concreta de consideración de estos aspectos para el debate.
Aspectos generales: El Ministerio de Medio Ambiente ha optado por cinco sesiones con cinco únicos temas sectoriales para el debate (agricultura y bosques, ciudades, transporte, energía e industria y adaptación), dejando fuera la consideración de aspectos genéricos tan importantes como los objetivos de reducción de emisiones, es decir la ambición, así como los indicadores, revisión y seguimiento de los mismos, los instrumentos generales para la mitigación (presupuestos de carbono y sistemas de compensación de emisiones, papel del comercio de derechos de emisión, fiscalidad y financiación). Tampoco la estructura planteada deja cabida para los aspectos socioeconómicos transversales y transición justa, la arquitectura institucional y la planificación de las acciones, los instrumentos de participación ciudadana o la justicia climática internacional.
Tiempo asignado. Alianza por el Clima considera insuficiente el escaso tiempo disponible para el debate. Cada sesión tiene dos horas divididas en un primer espacio para que 5 ponentes den su punto de vista y después 45 minutos para que los 70 asistentes divididos en 7 mesas redondas o grupos de trabajo (cada uno conformado separadamente por Empresas, administración del Estado, CC AA, academia (universidad), partidos políticos, ONG y sindicatos, y sector financiero y juristas). Es decir que cada participante dispone de solo unos 4 minutos para abordar todos los aspectos relacionados con propuestas y consideraciones para cada uno de los cinco temas.
Equilibrio e inclusión: La presencia en el debate de organizaciones ambientales, vecinales, sindicales, de consumidores, agrarias y sociales se reduce a una de las 7 mesas, mientras que el sector empresarial tiene presencia en una mesa específica y en la mesa de sector financiero y juristas (que son fundamentalmente despachos de abogados que trabajan para empresas). Por otra parte, de los 25 del total de ponentes de los plenarios de todas las sesiones sólo 2 pertenecen a organizaciones sociales y sindicales. Además, este tipo de estructura en mesas segregadas no propicia el debate entre diferentes sectores sociales, económicos e institucionales, sino sólo entre cada uno de ellos.
Transparencia: El proceso de selección de ponentes y participantes no responde a criterios transparentes, y la convocatoria de las jornadas ha sido realizada de forma precipitada y sin programa específico donde se detallen las ponentes, ni hoja de ruta clara de los siguientes pasos.
Órganos de participación: El Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad el 23 de noviembre de 2016 una proposición instando al Gobierno a elaborar una ley de cambio climático y transición energética. En otros países las normativas de cambio climático han sido aprobadas después de procesos de participación social muy amplios e inclusivos. Ha sido el caso, entre otros, de Dinamarca, Gran Bretaña y, sobre todo de Francia (proceso Grenelle que movilizó durante más de dos años a toda la sociedad francesa). En España este debate ni siquiera se ha planteado en los órganos de participación que están creados para ello: el Consejo Nacional del Clima y el Consejo Asesor de Medio Ambiente, además de otros de gran relevancia, por ejemplo, el Consejo Económico y Social o el Consejo de Cooperación al Desarrollo.
Alianza por el Clima espera que antes de que el Gobierno presente el anteproyecto de ley (previsiblemente a final de este año) se organicen nuevos espacios de debate en torno a los contenidos de la misma con una hoja de ruta acordada en los que se superen estas deficiencias y en los que se aborde también el Plan Nacional de Energía y Clima que el Gobierno tiene que presentar a Bruselas a principios de 2018 para cumplir con el nuevo marco normativo europeo y del que no se conoce prácticamente nada sobre su proceso de elaboración. Es importante que el gobierno deje claro qué función tendrán los procesos de participación en la elaboración de los textos formales de la ley y el plan nacional y que se publiquen las actas y el calendario de trabajo del grupo de trabajo interministerial que ya lleva varios meses trabajando en ambos temas.
Desde Alianza por el Clima se ha hecho el esfuerzo de consensuar entre organizaciones sociales diversas sus propuestas de contenidos para la ley de cambio climático y transición energética, tanto en lo referente a mitigación como en adaptación. Dichas propuestas han sido presentadas al Gobierno y a los Grupos Parlamentarios, y esperamos sean tenidas en cuenta en la elaboración del anteproyecto.